El "mandato imposible". Competencias, profesionalización y la realidad de las convocatorias en la biblioteca pública

Las bibliotecas públicas se enfrentan a un "mandato imposible", dictado por las directrices estratégicas que les exigen ser garantes contra la desinformación, impulsoras de los ODS, defensoras de derechos culturales y competentes en IA. Este discurso, sin embargo, choca con una realidad administrativa que perpetúa la desprofesionalización, evidenciada en convocatorias de empleo para personal sin formación específica requerida y en la creciente externalización de servicios.

Autoría: Fernando Juárez Urquijo. Biblioteca Municipal de Muskiz. ALDEE

Resumen (Abstract)

Este artículo analiza dicha contradicción estructural, utilizando como caso de estudio un proyecto de patrimonio ("Hierro, Mar y Memoria Digital") para ilustrar las competencias reales necesarias (mediación institucional, diseño pedagógico, edición digital responsable, accesibilidad), incompatibles con el perfil demandado. Se argumenta que, si bien la titulación no garantiza automáticamente la excelencia —punto que exige autocrítica profesional—, sí es la condición necesaria para afrontar la complejidad del trabajo bibliotecario actual.

El análisis se ancla en datos concretos sobre convocatorias en Euskadi (Tabla 1), conectándolos con estudios previos sobre la precariedad en bibliotecas rurales y de municipios pequeños a nivel nacional. Se identifica el problema de fondo en un fallo estructural de financiación y se recuerda el marco legal (Ley 11/2007, Consejo de Cooperación Bibliotecaria).

Finalmente, el texto concluye con una llamada a la acción profesional colectiva: trascender la ejecución de "buenas prácticas" individuales para implicarse activamente en la defensa del ecosistema bibliotecario a través del asociacionismo —el trabajo ingrato pero esencial de "la tercera pantalla"—.

Palabras Clave

Bibliotecas públicas, Profesionalización, Competencias profesionales, Convocatorias de empleo, Asociacionismo profesional, Política bibliotecaria, Desprofesionalización

Introducción

Tengo varios programas abiertos en el ordenador: un navegador con muchas (muchas) pestañas, un cliente FTP saturado con las microcorreciones de los archivos que subo al servidor y un par de sesiones de terminal en las que mis peticiones, frases inconexas, se convierten en código y me devuelven -oh! prodigio- Hierro, mar y memoria digital, el proyecto de la biblioteca que ha sido seleccionado para ser presentado en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas de Granada.

Mientras testeo en el ordenador (0) y atiendo a los usuarios (1) —ese tempo binario en el que necesito una mayor sucesión de 0 que de 1 para poder acabar a tiempo— voy rumiando la presentación para el Congreso. La imagino. Empezaré explicando cómo sin dejar de hacer lo que se nos supone (gestionar colecciones) hemos podido desarrollar un proyecto algo peculiar. Hablaré de colaboración y de edición digital; de ir unos grabados de barcos encontrados en la puerta de una iglesia en réplicas 3D que regalamos en la biblioteca. Y, por supuesto (aparentar estar a la última obliga), de cómo sin nociones de programación el uso de la IA nos ha permitido prototipar un videojuego (eso sí, invirtiendo incontables horas en pruebas y tutorías).

Y, al hablar de la importancia de la gestión del lastre en los quechemarines que tripulaban nuestros antepasados proyectaré la imagen de una quilla y mencionaré, de pasada, las sobrecargas que lastran nuestras bibliotecas -esas convocatorias para cubrir plazas de Responsable de Biblioteca (escala de administración general, subescala administrativa, grupo C1. Titulación requerida: Bachiller o FP2)- y, tal vez (ya veremos) pregunte al auditorio cómo casa la imagen-biblioteca que buscamos proyectar en el Congreso con el perfil profesional que estamos demandando, cómo conseguiremos diseñar buenas prácticas con unas convocatorias que apuestan por personal sin formación específica.

Lo que nos piden: el mandato imposible

Para entender la magnitud de esas contradicciones necesitamos ponerlas frente al discurso oficial.

Empecemos por esas visiones que nos llegan desde congresos, jornadas profesionales, documentos estratégicos y directrices administrativas. Las que establecen los mandatos que guían lo que las bibliotecas públicas deben ser en el siglo XXI.

"Contra la desinformación: bibliotecas" es el lema del día de las bibliotecas 2025. En un ecosistema digital donde la mentira viaja más rápido que la verdad, se nos asigna el papel de guardianes de la fiabilidad informacional y se nos exhorta a educar para distinguir el bulo de la noticia.

"Donde la cultura se hace derecho" Los derechos culturales son otro gran eje de este 2025. Debemos asegurar el acceso universal a la información y la cultura, sin exclusiones. Democratizar el conocimiento. Ser espacios de equidad donde todos puedan ejercer su derecho a leer, aprender y participar de la cultura.

Aunque pierde fuelle en la propaganda oficial nosotras no olvidamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos impulsoras de la Agenda 2030 y mediadoras entre los grandes relatos globales (como Mondiacult - evento que muchas bibliotecas públicas no hemos oído ni tan siquiera mencionar-) y las realidades locales.

Por acabar el repaso: Debemos ser expertas en IA (reflexionar sobre su uso, sus límites, su potencial, su convivencia con los derechos de autor y su ética); debemos ser espacios de inclusión digital combatiendo brechas de acceso, de alfabetización; debemos ser creadoras de contenido cultural, memorias del territorio al rescate del patrimonio local. Este es el mandato. Lo leemos en las directrices de la IFLA, en los documentos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en las estrategias de lectura autonómicas. Lo escucharemos en Granada. Se supone que refleja lo que la sociedad demanda de sus bibliotecas. Y, seguramente, lo hace.

Un mandato ambicioso, hermoso, urgente y —por si mis anteriores palabras parecían indicar lo contrario— necesario, que pivota sobre una base que no se corresponde con la realidad de nuestros sistemas bibliotecarios. Porque mientras las administraciones hablan sobre lo qué debemos ser, sus convocatorias de empleo nos dicen quién va a hacerlo realidad: administrativo C1, titulación de Bachiller o FP2, subescala de administración general.

Anatomía de las competencias necesarias

Desconozco lo que van a contar mis colegas para explicar en el congreso de Granada sus buenas prácticas pero estoy seguro de que han necesitado unas competencias parecidas a las de nuestro proyecto "Hierro, Mar y Memoria Digital":

• Mediación institucional y generación de confianza: Articular la colaboración con instituciones de la memoria (p. ej., Ferrería de El Pobal) e investigadores, aportando un valor diferencial y posicionando a la biblioteca como “socio fiable” para el tratamiento del patrimonio.
• Rigor en fuentes y edición responsable: Mediar entre el rigor académico y el acceso público, validando cada dato, gestionando derechos y editando contenidos digitales abiertos (HTML y EPUB).
• Diseño de experiencias de aprendizaje: Traducir hallazgos patrimoniales (grafitos) a múltiples formatos (impresión 3D, videojuego narrativo) adaptados al contexto real de uso (visita escolar, 15 minutos, Wi-Fi débil).
• Accesibilidad como diseño, no como añadido: Concebir desde el inicio la accesibilidad visual, cognitiva, lingüística y técnica sin penalización narrativa.
• Gestionar proyectos técnicos complejos: Tomar decisiones informadas sobre arquitectura y funcionalidad, priorizando mantenibilidad y desempeño.

En nuestro proyecto las herramientas IA (ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude Code) fueron esenciales, como es esencial el catálogo o el sistema de gestión bibliotecaria. Pero la mediación pedagógica, el diseño de experiencia, el rigor en fuentes, la sensibilidad hacia la accesibilidad, el conocimiento del usuario... todo eso es factor humano. Todo eso es oficio bibliotecario.

Un oficio que necesita ineludiblemente algo que esas nuevas convocatorias de personal no suelen contemplar: formación específica. La naturaleza de este trabajo exige una capacitación y especificidad —ya sea obtenida por titulación o por el ejercicio acreditado del trabajo—. Sencillamente, alguien sin formación no puede liderar un proyecto de esta envergadura.

Cuando el discurso choca con la realidad

Sigo a vueltas con la presentación. Miro la pantalla. En una pestaña, el proyecto. En otra, la convocatoria C1 para responsable de biblioteca. Decido abrir una tercera: Alegación de ALDEE a ...

En un momento de relevo generacional desde las asociaciones profesionales observamos un patrón preocupante: la tendencia a ofertar plazas de menor categoría profesional. En Euskadi, un análisis de las convocatorias de empleo público en 2025, muestra que la práctica totalidad de las plazas ofertadas en bibliotecas requieren únicamente Bachiller o FP2 aunque exigen dominar competencias técnicas propias de titulados universitarios, como la catalogación bibliográfica o el uso de sistemas integrados de gestión de bibliotecas. Por contraste, las plazas de técnico (A2) o facultativo (A1) han sido excepcionales, apenas un 19% de las plazas analizadas (3 de 16) (Véase Tabla 1).

Aunque un perfil C1 podría encajar en ciertas funciones auxiliares si la convocatoria y las tareas se ajustaran estrictamente a esa categoría, la realidad es bien distinta: son precisamente estas convocatorias C1 las que demandan competencias técnicas propias de titulados universitarios, muy por encima de lo que su categoría reconoce. Por eso ALDEE está impugnado... Sí, no solo hemos empleado las IA para ir a La Habana.

Esta radiografía de Euskadi no es una anomalía, sino el reflejo de una tendencia nacional donde, como confirman los análisis de bibliotecas en municipios de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales, la situación es a menudo más precaria: casi un 20% de estas bibliotecas no cuenta con personal bibliotecario profesional y la mayoría son unipersonales (Arroyo-Vázquez y Juárez-Urquijo, 2023; Arroyo Vázquez et al., 2025).

A nuestro entender (ALDEE, FESABID), el puesto de responsable de biblioteca pública no es un puesto administrativo, sino técnico, vinculado a la gestión de la información, la mediación lectora y la dinamización comunitaria. El nivel de responsabilidad, autonomía y especialización que exige dirigir una biblioteca pública rebasa ampliamente las competencias propias de la subescala administrativa general. En consecuencia, creemos, estas convocatorias no se ajustan al perfil ni a la naturaleza del puesto, y derivarán en una desprofesionalización del servicio público de lectura, con perjuicio directo para la comunidad usuaria y para la coherencia del sistema bibliotecario en su conjunto.

Una contradicción insostenible

Mientras la retórica oficial apela a la profesionalización de las funciones en los boletines oficiales se consolida la desprofesionalización de los servicios. Reemplazar profesionales con personal administrativo general sin formación específica y esperar de las bibliotecas que garanticen derechos culturales, que combatan la desinformación, que divulguen los ODS, que creen contenido digital accesible y riguroso es hipocresía y tiene consecuencias reales:

• Rompe la continuidad del servicio: Una persona sin formación bibliotecaria puede tener buena voluntad, pero carece de las herramientas conceptuales y metodológicas para gestionar colecciones, diseñar servicios, evaluar impacto, colaborar con el sistema bibliotecario.
• Rebaja el estándar de calidad: Lo que la ciudadanía puede esperar de su biblioteca se empobrece. No por incapacidad individual, sino por falta de competencias profesionales.
• Deshilacha el sistema: Las bibliotecas públicas no son islas. Forman redes, sistemas coordinados. Si muchas bibliotecas pasan a ser gestionadas por personal no cualificado, la red pierde coherencia.
• Perpetúa la precariedad: Una vez normalizado el C1, será casi imposible revertirlo. Y entonces, ¿quién va a implementar los mandatos que con tanto entusiasmo proclamamos en los congresos?

La biblioteca como garante social y cultural (y lo que eso significa)

Durante años, cuando alguien nos preguntaba qué hacíamos en la biblioteca, la respuesta era sencilla: "Compramos libros, los catalogamos, ayudamos a la gente a encontrar la lectura que necesita, organizamos actividades". 

Seleccionar. Organizar. Intermediar. Facilitar.

Todo eso sigue siendo cierto. Pero si hoy tengo que explicar qué hemos hecho esta semana, la respuesta es "...y además hemos gestionado con Osakidetza una exposición sobre lactancia que quería realizar en la biblioteca una asociación feminista local, estamos preparando el 25N con la técnica de igualdad, nos hemos reunido para participar en proyectos municipales para combatir la soledad no deseada, hemos agendado el club de lectura para inmigrantes que están aprendiendo español, mientras ayudábamos a un premio Euskadi de narrativa a instalar eLiburutegia en su tablet gestionamos los permisos para realizar la edición ePub de su obra, hemos reescrito tres escenas enteras para eliminar marcadores de género innecesarios sin romper el registro histórico y hemos debugueado el sistema de guardado automático del juego (sí, esto me lo apunta la IA)..." Creo que se entiende porqué el lema de nuestra biblioteca es "No sabemos qué tenemos que hacer en la biblioteca...afortunadamente"

Crear. Narrar. Editar. Mediar críticamente... Este salto —que no todas las bibliotecas han dado, pero que muchas estamos dando— es precisamente lo que justifica esos mandatos tan ambiciosos sobre ODS, fake news, derechos culturales, inclusión digital. Por eso necesitamos competencias para:

• Diseñar experiencias de aprendizaje (no solo tener libros sobre un tema)
• Estructurar información para entornos no-lineales (no solo catálogos alfabéticos)
• Garantizar accesibilidad real (no solo cumplir normas en papel)
• Validar fuentes con rigor (no solo confiar en que "lo dice el libro")
• Conocer profundamente a nuestros usuarios (no solo atender al que pregunta)
• Gestionar proyectos técnicos complejos (no solo mantener el orden en las estanterías)

Miro la pantalla. ¿Esto es trabajo administrativo general? No. Esto es trabajo técnico especializado. Y requiere formación específica.

Marco legal y propuestas (sin ingenuidad)

Busquemos argumentos para la alegación. Abro otra pestaña. Esta vez no es código ni convocatoria. Es la Ley 11/2007, de Bibliotecas de Euskadi. Artículo 24. Lo leo despacio, busco algo que sé que está ahí pero que no sirve para nada -cómo nos gusta aprobar (y presumir de) leyes que no sirven para nada; sí, ese es otro thinkepi-:

"Las bibliotecas de la red de lectura pública contarán con el personal adecuado, con la cualificación y el nivel técnico que exijan las funciones que tenga asignadas [...]. Las condiciones profesionales del personal técnico [...] se determinarán por reglamento."*

La ley pide profesionalización, personal adecuado y cualificado. Aunque nunca se desarrolló reglamentariamente, el espíritu es inequívoco: demandar un C1 administrativo general contradice esta orientación y rompe la coherencia interna del Sistema Bibliotecario Vasco.

Busco más apoyo. Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 2019: Perfiles Profesionales del Sistema Español de Bibliotecas. Un documento técnico, que con rigor qué hace realmente un bibliotecario o técnico de biblioteca: planificar, coordinar, gestionar, evaluar servicios. Organizar colecciones y recursos. Fomentar la lectura, impulsar la innovación.

Formación requerida: técnica o universitaria en Biblioteconomía y Documentación. O experiencia acreditada equivalente. Escala técnica. Grupo A2.

Abro las denuncias del Observatorio de la Profesión de FESABID. El problema no es solo vasco. Las convocatorias que desvirtúan la figura profesional proliferan por toda España, aprovechando el relevo generacional. Debilitan estructuralmente el sistema de lectura pública.

Tres peticiones concretas

Redacto el documento. Lo firmo como ALDEE, pero lo siento como propio, porque esto no es abstracto. Es el futuro de mi biblioteca. Y el de todas las demás.

Pedimos a los ayuntamientos que revisen las convocatorias. Tres cosas concretas, razonables, documentadas:

1. Primero: Que el puesto se adscriba a la escala de Administración Especial (subescala técnica). Es coherente con la naturaleza del trabajo y con el marco legal vigente.
2. Segundo: Que se exija titulación universitaria (preferible grado en Información y documentación) y se valore la experiencia acreditada en gestión de bibliotecas públicas, para garantizar que quien ocupe el puesto tenga las herramientas necesarias para hacer el trabajo.
3. Tercero: Que las pruebas o méritos incluyan cuestiones específicas: gestión bibliotecaria, animación a la lectura, tecnologías de la información, accesibilidad, dinamización comunitaria. Porque de eso va el trabajo. De eso, exactamente.

Seamos honestos: la titulación, por sí sola, no garantiza la excelencia. Todos conocemos bibliotecas con personal cualificado que podrían —y deberían— ofrecer un servicio mejor. La profesionalización no es una garantía automática, pero sí es la condición necesaria, el suelo mínimo sobre el que construir. Exigir formación específica y competencias demostrables es la única manera de asegurar que, al menos, las herramientas básicas estén ahí. Luego vendrá el oficio, la vocación y, sí, también la autocrítica constante para que esas herramientas se usen bien.

ALDEE —y quien esto firma— entiende que la calidad de los servicios bibliotecarios depende fundamentalmente de la cualificación de sus profesionales. Por eso solicitamos que se rectifique la clasificación actual, asegurando que quien ocupe estos puestos disponga de las competencias técnicas necesarias para garantizar un servicio público de calidad, inclusivo y alineado con el marco legal.

Y una oferta concreta

ALDEE reitera su disposición a trabajar con los ayuntamientos y con el Servicio de Bibliotecas en la definición de perfiles profesionales que aseguren la sostenibilidad y excelencia de las bibliotecas públicas.

Sin ingenuidad: el problema de fondo

El mayor gasto de una biblioteca es el de personal (Arroyo-Vázquez et al., 2019). Sabemos que detrás de esas convocatorias está la falta de presupuesto y la concepción de la biblioteca pública como gasto, generalmente municipal, como si solo incumbiera a quienes están empadronados en ese municipio. Esta visión nos lleva a dos realidades: esas convocatorias que con toda su insuficiencia, al menos apuestan por mantener una relación laboral directa; y la de las administraciones que directamente subcontratan el servicio, una vía que casi siempre es sinónimo de una precariedad aún mayor. Pero una biblioteca cohesiona territorios, alfabetiza poblaciones, reduce brechas educativas y digitales. Su impacto va más allá de los límites administrativos. Es infraestructura que beneficia a toda la sociedad. Su sostenimiento debería ser corresponsable: municipal, sí, pero también provincial, autonómico, estatal. Mientras esperamos reformas estructurales de financiación, no podemos permitir que la precariedad municipal justifique la desprofesionalización.

Es un fallo estructural. Estudios previos sobre bibliotecas rurales y municipios pequeños ya han demostrado la necesidad de un sostenimiento corresponsable (Arroyo-Vázquez y Juárez-Urquijo, 2023; Arroyo Vázquez et al., 2025). Este enfoque, además, está amparado por la propia Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural.

Porque una vez roto el sistema —una vez que las bibliotecas sean mayoritariamente gestionadas por personal sin formación específica o externalizadas sin grandes garantías— será casi imposible reconstruirlo. Y entonces, ¿quién va a implementar los ODS? ¿Quién va a combatir las fake news? ¿Quién va a garantizar los derechos culturales? ¿Quién va a crear contenido digital accesible, riguroso, situado? La profesionalización — reflejada en la correcta clasificación de las plazas— es la única garantía estructural de que los servicios bibliotecarios que proclamamos puedan existir realmente en los territorios.

Cierre: la tercera pantalla

Vuelvo a la presentación de Granada. Estoy preparando el cierre. Si queremos que las buenas prácticas que se exponen en estos congresos sean la norma y no la excepción, hay que cuidar las condiciones estructurales que las hacen posibles. Y esas condiciones incluyen —ineludiblemente— la profesionalización. La correcta clasificación de las plazas es la mejor defensa de la calidad del servicio; la única manera de garantizar que cuando decimos "las bibliotecas son garantes de derechos culturales", no estamos pronunciando palabras vacías.

Pienso en nuestro día a día. Atendemos en el mostrador, gestionamos colecciones, diseñamos actividades, actualizamos la web, nos coordinamos con asociaciones, instituciones. Y tan importante como hacer todo eso con calidad es defender la salud de la Red de lectura pública.

Esa salud depende del entramado de profesionales que trabajamos en las diferentes bibliotecas. Depende de nuestra capacidad para asociarnos y hacer también ese trabajo ingrato que no se ve: el de la alegación, el del recurso, el de la tercera pantalla.

Y creo —sinceramente— que uno de los mejores servicios que le puedo ofrecer a mi comunidad es, precisamente, defender el ecosistema bibliotecario que la sostiene. Guardo los cambios. Cierro el FTP. Termino de montar la presentación. Tres pantallas abiertas, una al lado de la otra. La del proyecto. La de la convocatoria. La del recurso de alegación.

Las dejo abiertas. Vigilándose de reojo.

Referencias

Arroyo Vázquez, N., Alvite Díez, M.-L., & Juárez-Urquijo, F. (2025). El personal de las bibliotecas públicas españolas en las zonas rurales. En XI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Democracia, lectura y derecho a la información (pp. 11–23). Ministerio de Cultura y Deporte. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10257873

Arroyo-Vázquez, N., & Juárez-Urquijo, F. (2023). Los profesionales de las bibliotecas públicas españolas, 2011-2020. En XVIII Jornadas Españolas de Información y Documentación (FESABID) (pp. 1–16). Granada. Recuperado de: http://eprints.rclis.org/44994/

Arroyo-Vázquez, N., Hernández-Sánchez, H., & Gómez-Hernández, J.-A. (2019). Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica. FESABID. Recuperado de: https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/repositorio/informe-fesabid-v12-digital.pdf

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2019). Perfiles Profesionales del Sistema Español de Bibliotecas: Fichas de caracterización. Ministerio de Cultura y Deporte. Recuperado de: https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/05/Perfiles_profesionales_del_sistema_bibliotecario_e.pdf Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID). Observatorio de la Profesión. Recuperado de: https://www.fesabid.org/en-accion/observatorio/

País Vasco. Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco, núm. 217, de 13 de noviembre de 2007. Recuperado de: https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2007/10/26/11/con

Anexo: Datos de Convocatorias

Tabla 1: Análisis de convocatorias de empleo bibliotecario en Euskadi (2025)